La importancia del fraude fiscal.




A pesar de que un Estado cuenta con diversas formas de financiación, lo cierto es que los impuestos constituyen su principal fuente de ingresos. De esta forma las Administraciones Públicas consiguen disponer de recursos para financiar la satisfacción de las necesidades públicas, es decir, la provisión de bienes y servicios públicos. 

 

 



Entre los gastos que soportan las Administraciones Públicas para satisfacer las necesidades colectivas podemos citar a modo de ejemplo los gastos sanitarios, educativos, culturales, de seguridad y defensa…

A través de los impuestos el Estado lleva a cabo una redistribución de la riqueza, ya que teóricamente pagan más los que más renta tienen.

Una vez que entendemos la importancia de los impuestos para una economía, entonces entendemos también la importancia de la evasión y el fraude fiscal: la evasión fiscal disminuye los ingresos del Estado, por lo que el Estado contará con menos presupuesto para invertir en servicios públicos. Además, la evasión también supone que los ciudadanos que sí cumplen con sus obligaciones tributarias, paguen más, ya que para que el Estado pueda seguir ofreciendo los servicios públicos, los que no defraudan deberán pagar lo suficiente como para cubrir la parte defraudada.

Asimismo, el efecto social que provoca la evasión fiscal, es que ésta aumente por si misma, ya que cuanto mayor es la evasión fiscal, mayor es la desconfianza de los contribuyentes en el sistema. Esto provoca que cada vez los ciudadanos sean más reacios a cumplir con sus obligaciones fiscales.

Según Oxfam los países en desarrollo pierden anualmente más de 100.000 millones de dólares debido a la evasión fiscal, y a los incentivos discrecionales concedidos a grandes empresas.

Además, Oxfam también afirma que existen unos 7’6 billones de dólares de patrimonio financiero individual ocultos en paraísos fiscales. Si los ingresos que genera este capital oculto tributasen, los Estados recaudarían anualmente 190.000 millones de dólares más, una cantidad muy elevada en comparación con el PIB anual de los países desarrollados.




Una encuesta llevada a cabo por el Centro de Investigaciones Sociológicas en 2012 revela que en España, el 48% de los ciudadanos es consciente de la importancia de los impuestos para que el Estado pueda ofrecer servicios públicos. Sin embargo, la gran mayoría de los ciudadanos españoles opina que los impuestos no son justos, pues la contraprestación recibida es inferior a lo que realmente se paga. Además, la mayoría de los ciudadanos cree que existe demasiado fraude fiscal en los partidos políticos, las empresas y los ricos.

Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en España anualmente se defraudan al menos 20.000 millones de euros en el IRPF, lo que supone más del 1,7% del PIB.

Esta cantidad se corresponde en gran parte con los rendimientos del capital mobiliario de contribuyentes con capitales en otros países sin declarar.

El fraude por IVA y por IS supone anualmente más o menos la misma cifra, por lo tanto, el fraude total es de aproximadamente 40.000 millones de euros, lo que supone entre el 3,5% y el 4% del PIB.

En el informe “El avance del fraude en España durante la crisis” publicado por el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) y la Universidad Rovira y Virgili se muestra que existen más de 253.000 millones de euros ocultos para la hacienda pública en España, casi 7 puntos porcentuales más que en 2008.




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