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Españoles e italianos superaron en número a griegos y franceses como
los trabajadores europeos que, de 1904 a 1914, participaron en la “olla
de mestizaje” y “mosaico de nacionalidades” de obreros oriundos de 40
países -en especial latinoamericanos y caribeños- en la construcción del
Canal de Panamá. Un siglo después, españoles e italianos encabezan el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC),
que edifica las obras principales de la ampliación de la ruta acuática
interoceánica y que ahora están inmersas en un pleito financiero con
amenazas de quedar paralizadas a partir del próximo 20 de enero.
Un recuento oficial mostró que, después de los 19.900 originarios de
Barbados, los nacidos en España, 8.298, fueron el segundo grupo más
importante de mano de obra contratada para la construcción de la vía, en
unos trabajos dirigidos por el gobierno de EE UU. De los europeos, el
segundo mayor grupo provino de Italia -con 1.941- y el tercero de Grecia
—con 1.101—, mientras que de Francia solo hubo 19 obreros aunque de la
isla caribeña Guadalupe, todavía bajo dominio de París, hubo 2.053.
Del total de 43.781 trabajadores extranjeros contratados para la
construcción del Canal, los españoles (18,9%) y los italianos (4.4%)
representaron el 23,3%, según los registros, por lo que su herencia ya
es centenaria y, por algo, Panamá es un cóctel de tabernas españolas y
de restaurantes italianos, aunque también de veredas antillanas.
Atraídos por el imán de la alternativa laboral, árabes, hindúes y
chinos, por ejemplo, también se asentaron hace más de 100 años en Panamá
y hoy su presencia se expresa en múltiples negocios -de gastronomía,
electrodomésticos, ropa, calzado- en los más diversos puntos de
territorio panameño.
“¿Qué facilitó la mezcla de culturas y su arraigo en Panamá? Fue una
combinación de factores los que llevaron a todos estos grupos a
radicarse en el país”, asegura el panameño Vicente Barletta, en un
artículo en El Faro, revista de la estatal Autoridad del Canal
de Panamá (ACP), al relatar que “a partir de 1904 empieza uno de los
movimientos migratorios más grandes” en la historia panameña. “Para los
inmigrantes, Panamá llegó a significar la posibilidad de un nuevo inicio
ante las oportunidades económicas que surgieron en el istmo”, agregó.
“Si se considera que la capital (panameña) tenía apenas 20 mil
habitantes en 1904, en algún momento el área de la construcción del
Canal tuvo que estar habitada por una mayoría de extranjeros, debido a
la creciente inmigración, en su mayoría desde las Antillas”, subrayó
Barleta. Según la biblioteca Roberto F. Chiari, de la ACP, los
antillanos “fueron el mayor grupo humano que llegó a Panamá” en los
albores del siglo XX para la construcción de la vía, con más 31 mil
obreros. “Después siguieron los españoles”, recalcó.
El 15 de agosto de 1914, en un escenario geopolítico global
estremecido por la Primera Guerra Mundial, que había estallado a finales
de julio de ese año, el Canal fue inaugurado y emergió como una de las
maravillas construidas por seres humanos en el siglo XX, y en diciembre
de 1999 fue entregado a control panameño. Pero casi un siglo después de
su apertura, una amenaza persiste: la edificación de un nuevo juego de
esclusas y la ampliación de la ruta acuática interoceánica podrían ser
suspendidas, a partir del próximo martes, por decisión de las empresas
españolas e italianas que encabezan el consorcio encargado de la obra.
El nuevo calvario
El 1 de enero, GUPC anunció que si no se le pagan 1.600 millones de
dólares por exceso de costos o gastos adicionales en la construcción de
las nuevas esclusas en los litorales Pacífico y Atlántico, el 20 de
enero suspendería la ampliación. Iniciada en 2007, la expansión tiene un
presupuesto total de 5.250 millones de dólares que incluye convenios
suscritos con otros contratistas que asumieron diversas labores
paralelas a las esclusas.
La ACP rechazó la exigencia del Grupo,
encabezado como socios mayoritarios por la española Sacyr Vallehermoso y
por la italiana Impregilo, ambas con 48% accionario cada una, y
completado por la belga Jan de Nul, con 3%, y la panameña Constructora
Urbana, con 1%, y que ganó en 2009 una licitación para las nuevas
esclusas al ofrecer 3.118 millones de dólares.
Los trabajos comenzaron ese mismo año y debían concluir en 2014, pero
surgieron atrasos y la finalización fue postergada a 2015 y ahora -si
se cumple la amenaza de suspensión de obras-podrían retrasarse a 2016.
En una primera ronda de negociaciones directas, ACP exigió que el
consorcio retire la advertencia de paralización, como requisito para
girarle un anticipo de 283 millones de dólares sujeto a que el Grupo
aporte una contrapartida de 100 millones de dólares. Españoles e
italianos presentaron primero una propuesta para que el adelanto de la
Autoridad sea de 400 millones de dólares y luego plantearon una segunda
oferta en el que lo incrementaron a 1 mil millones de dólares. Ambas
iniciativas fueron rechazadas por la ACP, cuyo administrador, el
panameño Jorge Quijano, dijo a EL PAÍS que lo que ha propuesto es lo
máximo que puede ofrecer el Canal en estos momentos.
En una conferencia de prensa el pasado martes en Madrid, el español
Manuel Manrique, presidente de Sacyr, aseguró que la empresa “no va a
abandonar” el proyecto de ampliación del Canal y aseveró que “no
contempla otro escenario” que sea lograr un arreglo con la ACP, para
solucionar las diferencias puntuales de liquidez o flujo de caja, para
concluir los trabajos en 2015.
La ACP pronosticó el pasado martes que si el 20 de enero son
suspendidas las obras de ampliación, la parálisis se prolongaría por lo
menos durante 15 días, pero que poco después podría asumir los trabajos
-que ya están avanzados en un 65%- para su inmediata reanudación.
No obstante, las negociaciones entre las partes siguen estancadas y
la fecha del 20 de enero está cada vez más cerca, por lo que la junta
directiva de la Autoridad emitió el miércoles una declaración de
respaldo a la administración de la ruta por su conducción de las
pláticas con el consorcio.
“La situación actual, aunque delicada, es un desafío más que estamos
afrontando juntos, y que confiamos resolver”, afirmó en la declaración
el panameño Roberto Roy, presidente de la junta directiva de ACP y
ministro de Asuntos del Canal. “El pueblo panameño puede estar seguro de
que la ampliación de nuestro Canal se completará en el menor tiempo y
costo posible, dentro de los términos del contrato” firmado por las dos
partes en 2009, puntualizó.
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