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Las empresas que clasifican y definen los riesgos reciben un suspenso del supervisor europeo
La actuación de las principales agencias de calificación crediticia (S&P, Moody’s y Fitch) fue criticada cuando emergió la crisis financiera en el verano de 2007. Desde la calidad técnica de sus evaluaciones hasta eventuales conflictos de interés se situaron como aspectos relevantes en la percepción del riesgo de los instrumentos que desencadenaron la crisis. Ahora es el supervisor bursátil europeo (ESMA, European Securities and Markets Authority) el que, tras un detallado examen a las evaluaciones de la deuda pública europea por estas empresas, documenta las anomalías y malas prácticas en las que han incurrido.
Ha hecho bien la ESMA en abordar una verificación tal, dada la
influencia de esas agencias en el funcionamiento de los mercados de
deuda pública y, en general, de crédito; en definitiva, de la
estabilidad financiera. La investigación se llevó a cabo entre febrero y
octubre de 2013 y las conclusiones detectan deficiencias importantes en
cuatro grandes áreas: independencia y resolución de conflictos de
interés, confidencialidad en la información, el tempo a la hora de
publicar cambios en los ratings y los recursos destinados al estudio de
la solvencia de los Estados.
El presidente de la ESMA ha sido
claro: “La investigación revela anomalías en el proceso de calificación
de la deuda soberana que podrían suponer riesgos en la calidad,
independencia e integridad de los ratings y de los procesos que se
siguen para determinar los mismos”. Una de las anomalías más destacables
se refiere a la influencia directa de los dirigentes de esas empresas
calificadoras, mediatizando la necesaria independencia de los analistas
responsables de la calificación. Y es que los conflictos de interés
entre esas tareas de evaluación crediticia y otras de asesoramiento a
los evaluados crean un poderoso incentivo a que la objetividad quede
desplazada por intereses distintos al estricto rigor técnico en el
suministro del rating.
Los procedimientos, el grado de confidencialidad con que se maneja la
información, los plazos en que se difunden esas informaciones y los
métodos de apelación de sus calificaciones son objeto igualmente de
crítica por la ESMA.
Es imprescindible fortalecer la fiabilidad de esas calificaciones y
la integridad de quienes las practican. Disponer de evaluaciones
verdaderamente objetivas e independientes es una de las condiciones
necesarias para que el espacio financiero, sobre todo en instrumentos de
renta fija, se amplíe suficientemente. Al tiempo, es necesario que
desaparezca el oligopolio que de hecho domina esa actividad, dando
entrada a otras agencias que evalúen con la destreza técnica y la
independencia necesarias. Esperemos que este paso dado ahora por la ESMA
no se quede en un episodio aislado. La confianza en las instituciones
es necesaria siempre, pero cuando de los mercados financieros se trata
se ha de ser tan riguroso en la detección de anomalías como decidido en
la aplicación de las sanciones que procedan.
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